Llegó la segunda edición de El Estado posnacional. Más allá de
kirchnerismo y antikirchnerismo. Es una edición recargada con
colaboraciones de amigos de varios puntos del globo y movimientos de varias
cuestiones sociales. Compartimos la de Ariel
Pennisi, que ayuda a leer los resultados de la primera vuelta electoral.
1.
"Insisto: de lo más lastimoso y despreciable que nos deja el kirchnerismo es un antikirchnerismo ciego, salvaje y chiquilín"
Jorge Asís, en
twitter
"Macri es un tipo confiable, un tipo íntegro. De los
tipos en la política en los que confío. Lo conozco hace más de treinta años. Se
que no tiene odios, que nunca te va a hacer una operación berreta por atrás. No
es muy habitual eso. Es impecable. Yo siempre con él tengo una consideración
especial. No es uno más".
Daniel Scioli (2014)
La
homogeneización de todo el período gubernamental que involucra las presidencias
de Néstor y Cristina Kirchner bajo la imagen de un “modelo” no permite despejar
heterogeneidades que a veces se traducen en sentidos irreductibles, ni
visualizar cambios de condiciones o incluso nuevos problemas. Por eso, alguna
vez se escuchó a Horacio González hablar de “orientación” –prefiriendo el
término al más presuntuoso “modelo”. Es cierto que las formas de gobernabilidad
actuales parecen admitir las mil y una posiciones según la contingencia y que
el fluido del poder tiende a diluir lo que en otra lógica parecía contradictorio,
de modo que, ¿por qué hablar de contradicciones? Circula mediáticamente el
chiste del “panqueque”, lanzado primero desde el oficialismo para definir a sus
emigrantes e incluso a los propios que despuntan ambigüedad (uno de los más
atacados fue de manera regular Scioli), pero últimamente retomado por
periodistas y opositores para referirse al kirchnerismo entero como una gran
panquequera. El desfile de videos de archivo de corto plazo podría ser
impactante, con panqueques estelares como Ricardo Fórster o Luis D´Elía, sin
contar a Uribarri o a la propia presidenta. Pero cuando la calle angostada de
los márgenes políticos acerca las veredas, los saltos de un lado a otro no
parecen tan significativos y todo se resuelve en la calle de tierra embarrada
del realismo.
El
54% de los votos obtenidos por el oficialismo en la elección presidencial de
2011 dirimió trayectorias: certificó la defunción de la trama que incluía
movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir
transformaciones, autonomizó al gobierno del elemento crítico que podía
albergar su base de sustentación y liberó la fuerza del número (más de la mitad
de los votantes) de rendiciones de cuenta, tornándola incluso elemento de
legitimación de un derrotero no muy lejano a lo que podríamos empezar a llamar
“sciolismo”.
La
primera propuesta interpretativa del gobierno acerca de la “situación” del
país, apenas reasumida la presidenta, llevó el nombre de “sintonía fina”.
Disminuía significativamente el ingreso de divisas y aumentaba la preocupación
del gobierno por la conflictividad social: gendarmería para los pobres con el
plan “Cinturón sur” que se venía haciendo efectivo desde mediados de 2011 y se
vuelve el brazo armado de la “sintonía fina”; escalada represiva a cargo del
inefable secretario seguridad Berni; confirmación de la Ley Antiterrorista y
reconocimiento por parte de sectores cercanos al oficialismo de la existencia
del Proyecto X. En 2013. ¿Cuál
será el porcentaje que, a consciencia o a pura indiferencia, legitimará los
nuevos récords de violencia institucional[1]
por parte de ese viejo actor, oxidado como los fierros, que es el Estado?
El rumbo extractivista sigue cumpliendo etapas, con la instalación de una
planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentina en Córdoba, los
subsidios a grandes empresas superan las inversiones en vivienda y programas
sociales, el aumento del pan en 2013 deja ver los entretelones de la
concentración económica en rubros sensibles como la alimentación, y se votan
leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes
patronales. La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida
de ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos,
combinó cierto tufo duhaldista con aires de realismo político y el nunca
abandonado victimismo del gobierno.
Cuando
se discutía el mínimo no imponible para salarios considerados “altos”,
instalando la idea de que el salario puede cifrarse como ganancia, el defensor
de la tercera edad reconoció que los jubilados venían perdiendo capacidad de
compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de
Hidrocarburos y el acuerdo con Chevron rinden tributo a las lógicas entreguistas
más recientes –aunque respondan en la práctica a la necesidad de financiamiento
en el cortísimo plazo–, mientras que las leyes que más bien hacen pensar en
otra orientación de política pública, como la estatización parcial de YPF y la
estatización de la gestión de los trenes, se topan con dos dilemas: en el caso
de YPF, se contrató a un Ceo del establishment para aplicar una política de
ingresos vía aumento de combustibles y para usarla como una instancia de
endeudamiento externo; el caso de los trenes se reduce a un montaje mediático,
ya que la ley no solo no rescinde los contratos con las concesionarias, sino
que habilita la posibilidad de ingreso de nuevos privados al negocio (es decir,
los trenes no dejan de ser un negocio). La invisibilización de la represión
brutal sufrida por colectividades indígenas y campesinos a manos de
gobernadores oficialistas y empresarios es la contracara de la política de salvataje
(que incluye gran diversidad de programas sociales) vuelta regla precaria para
la vida de millones de personas. Los acuerdos con China anuncian la vuelta de
las “relaciones carnales”, esta vez con otro poderoso de turno, “una de las
potencias capitalistas más poderosas del mundo” (Rancière). Por su parte, la
designación de Milani –acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última
dictadura– marcó un nuevo gesto por arriba que indica la capacidad del gobierno
de absorber costos políticos por abajo, o bien, la conformación definitiva del
gobierno como una forma de la política por arriba a distancia del “nosotros”
que Pablo Hupert caracteriza en El Estado
posnacional.
No se
trata de subrayar las medidas más problemáticas y desconocer otras que sí
tuvieron que ver con instancias de reparación, cambios económicos, ampliación
de derechos o regulación de sectores antes hostiles a la rendición de cuentas.
“Una de cal y una de arena” parece configurar la dinámica de este proceso político y
gubernamental que tiende a cementar un bloque dudoso a la hora de analizar
perspectivas político-económicas y horizontes de sentido.
…
No se
trata en esta suerte de balance apurado[2] de mostrar la oscuridad
kirchnerista “soportada” por su militancia como moneda de cambio del realismo
político. Tampoco podríamos concluir en la acusación a un gobierno engañoso o
falsoprogresista que, cuando las papas queman, le baja el pulgar a los sectores
populares. El dilema pasa por el lugar que tiene en la institucionalidad
vigente la capacidad decisoria de los múltiples actores en lucha o en situación
de construcción de redes democráticas o incluso los planteos que juegan sus
energías en el sostenimiento de formas de vida minoritarias. Mejor aun: qué
expresión (no representación) se da para sí eso que no funciona en términos de
gobierno, lo ingobernable que es materia prima de las vidas. Más allá de un
gobierno con sus postulados o, incluso, un gobierno más allá de sí mismo (de su
voluntad), las viejas formas
contractuales y el vivado voto popular son parte de las lógicas del circuito
cerrado de la potestas. Los
militantes y los adherentes cualesquiera, tanto favorables como no favorables
al gobierno, en tanto asumen los discursos y tonos de voz de la pantomima
representacional vuelven más dificultoso distinguir registros. Nosotros mismos,
a través de este texto, escribiendo y leyendo, formamos parte apasionadamente
de la discusión de café, aunque el punto de partida de este planteo es una
distancia que busca su propia consistencia en tiempos de polarizaciones
reduccionistas. Lo que aparece como “contradicciones” inexplicables de un
gobierno parece formar parte de un contexto de dispersión y fragmentación de
los lazos, los comportamientos y del Estado mismo. Retomando el planteo del
historiador Ignacio Lewkowicz[3], si el Estado dejó de ser
esa pan-institución donadora de sentido, aparece hoy como una facción que debe,
por un lado, relegitimarse constantemente, ya no ante ciudadanos sino ante
consumidores y, por otro, negociar con las facciones –no necesariamente las
naciones– más potentes desde el punto de vista de recursos y fuerza. En ese
sentido, “kirchnerismo” no es el nombre de la vuelta del viejo Estado
benefactor, sino una construcción “imaginal”[4] que, a partir de una
alteración en la composición socio-afectiva de 2001, asume plenamente la
condición parcial al ser facción del Estado contemporáneo y vuelve
indistinguible la distinción clásica Estado/gobierno.
…
El
período que vio reinventarse un Estado tras la irrupción de 2001 conjuga
prácticas de consumo y endeudamiento atomizadas y expandidas como nunca con
restitución de derechos y discursos sobreactuadamente “civiles”; enamoramiento
con los derechos humanos –antes institución, hoy objeto de disputa– linchamientos fascistoides que descubren un
policía en cualquier hijo de vecino; la multiplicación de planes sociales de
emergencia que se instalan como forma regular de subsistencia, alimentando
nuevos niveles de financierización, y la consolidación de un universo laboral
acotado a la capacidad industrial instalada curiosamente llamado
“reindustrialización”…
Escribe
Horowicz en un artículo del diario Tiempo Argentino: “Los partidos políticos en
Argentina, y no solo acá, han muerto de muerte natural. La sociedad los ignora
y por cierto tampoco le importa si sus direcciones nominales existen o si sólo
se trata de una exigencia de la justicia electoral. Los partidos han sido
colonizados por una lógica estatal, donde la mínima unidad de poder es la
intendencia.” Reemplazaríamos “lógica estatal” por “lógica gubernamental”, es
decir, el gobierno y control territorial, el cuerpo a cuerpo con lo social, ya
no mediado por lo representacional, sino interpelado como en una conversación
llena de chicanas, donde las chicanas más intensas son las son las que
tácitamente circulan entre dirigentes y votantes antes que entre adversarios
políticos. La ilusión de transparencia en la relación votante/votado que se
hace patente con la apelación a los nombres de pila sin apellido (“Gabriela”,
“Mauricio”), mechada con el costado más comercial de la relación, cristalizado
en las siglas y otras construcciones de marca (“CFK”, “+ a”), signa un tiempo incómodo, incierto y, esperemos, en algún
lugar abierto.
2.
“En cuanto a los
antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el
modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero
y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la
economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).”
Pablo Hupert
Hace
unas semanas, Patricio Mussi, intendente hereditario de Berazategui, hijo de un
típico barón del conurbano que repentinamente adoptó los eslóganes de la
comunicación oficialista, ensayó su mejor actuación, como en un rito de iniciación y dijo: “No van a poder privatizar la sangre de jóvenes peronistas y kirchneristas
que queremos llevar este modelo hasta el final.” Un twitter selló el acting reproduciendo la frase y buscando
rebote mediático. El Estado publicitado es la forma de interpelación de
un nuevo tipo de Estado en tiempos de un neoliberalismo que ya no es solo
ideología en manos de las elites, sino corriente sanguínea de los comportamientos
y prácticas de la población, funcionaria y no funcionaria, empresaria y no
empresaria, acomodada y no acomodada. La sangre ya está privatizada, el desafío
pasa por construir situaciones y condiciones de otras formas de consistencia,
más allá de la sangre, más acá del Estado, pero no muy lejos de lo Común.
Hablando de “sangre privatizada”, cabe repasar el rol de los Mussi en
Berazategui y la riesgosa situación en que pusieron a la sangre pública, a los
cuerpos hechos de carne y cemento, de rutinas y sorpresas, que son las vidas de
sus habitantes. En 2005 los pobladores del barrio Rigolleau en Berazategui ven
con sorpresa el comienzo de una obra. Dos empresas tercerizadas habían mandado
a sus obreros a pocear las veredas que van desde la calle 136 a la calle 145
sobre la Avenida 21, donde se encuentra la fábrica de vidrios Rigolleau.
Meses después fueron alertados por algunas mujeres de Ezpeleta (partido de
Quilmes) que venían denunciando los efectos mortales de la subestación Sobral
que la empresa Edesur había instalado en esa localidad. Cuando empezaron a
interiorizarse sobre las consecuencias de los campos CEM y los PCB y lo
contrastaron, en principio a vuelo de pájaro, con la situación de Ezpeleta que
a poco tiempo de instalada la subestación presentaba índices preocupantes de
cáncer, sobre todo en las inmediaciones, salieron literalmente a la calle. El
clima se espesó y no pasó mucho tiempo para que se conformara una asamblea
vecinal que llegó a contar con más de 400 vecinos. Si bien en un comienzo lograron
forzar al intendente Juan José Mussi a su favor, llegando incluso a prohibir la
instalación de la subestación, tras ganar las elecciones Mussi se dio vuelta (o
volvió a su posición original), anuló su propio decreto y se abrió una etapa de
lucha intensa por parte de los asambleístas. Los primeros operativos policiales
significaron forcejeos y mostraron de manera fáctica la influencia de Edesur
que, a esa altura, parecía un organismo público imponiendo condiciones y
contando con las fuerzas de seguridad (Gendarmeria y policía de la provincia de
Buenos Aires) para avanzar con la obra. Más tarde, los vecinos rescatarían como
resto de una redada un documento en el que se acredita que Edesur le da órdenes
a la policía a cambio de honorarios directos. La asamblea Vecinos
Autoconvocados por la Vida toma forma y le imprime a los simples vínculos
vecinales una tónica que desde 2001 –por otra parte, no tan lejos– no se
percibía en el barrio.
Los vecinos de Berazategui cercanos
a la fábrica Rigolleau fueron protagonistas de una lucha en la que se
enfrentaron a múltiples formas de violencia institucional y parainstitucional.
Fueron reprimidos en varias oportunidades por policías de distintos distritos
golpeando a chicos y mujeres con bebés e hiriendo a varios asambleístas.
Gendarmería y patotas que respondían al intendente, continuaban el
hostigamiento y las agresiones constantes, sus teléfonos fueron intervenidos,
varios de ellos fueron víctimas de persecuciones individuales con el objeto de
intimidarlos, dos de los amparos que presentaron ante la justicia “se
perdieron”, fueron falsificados y ocultados informes hospitalarios que daban
cuenta de los daños físicos sufridos durante la represión policial y, tal vez
lo más notable, tuvieron que soportar dos estados
de sitio de hecho con cercos policiales, prolongados por más de un mes cada
uno. La escena parece tomada de los momentos más oscuros de nuestra historia:
cercos perimetrados con vallados y policías o gendarmes custodiando el paso de
los habitantes que simplemente querían entrar o salir de sus casas, llevar a
sus hijos al colegio… vivir su vida cotidiana. La batalla se extendió a la
Universidad Nacional de La Plata donde un equipo de investigadores que ofreció
ayuda a los vecinos produciendo un estudio que demostraba de manera inapelable
el carácter altamente contaminante de la subestación fue intimado por
autoridades de la propia universidad haciendo peligrar matrículas
profesionales.
En 2010, el intendente de la
subestación del cáncer fue designado por la presidenta Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable. En abril de 2012, con un gobierno nacional fortalecido
por el 54% de los votos y una intendencia completamente alineada –y
pretendidamente fortalecida–, Edesur logra hacer funcionar la subestación
Rigolleau. Es decir, los
vecinos afectados, quedan expuestos los 365 días del año a la radiación
electromagnética de 132.000v producida por un cableado que, bajo tierra, pasa
muy cerca de los cuerpos de quienes viven en las cercanías de la subestación.
Por su parte, Mussi dejó en la intendencia a su hijo, Patricio Mussi, quien
continuó la línea del padre sin matices. El viejo Mussi, fiel a su prontuario,
tuvo que abandonar la función en la secretaría tras un escándalo en ACUMAR[5].
Los asambleístas de Berazategui y quienes
colaboran con ellos desde distintas disciplinas, lograron comprobar, por un
lado, los efectos contaminantes de la subestación, que pueden llegar a ser
mortales y, por otro, su destino económico, que nada tiene que ver con mejorar
la calidad de vida de la localidad: “Esta subestación como todos los vecinos
comprobamos el verano anterior y por los reiterados cortes de luz que venimos
sufriendo, no es para nosotros sino que es una obra que beneficia a la empresa
Rigolleau, a la Unión Industrial y a los emprendimientos inmobiliarios de la
costa.”[6]
Los intereses concretos de los vecinos de un barrio en la provincia de Buenos
Aires, en una situación que reúne varios registros y problemáticas, quedan
desfasados de lo supuestamente expresado en las urnas. La empresa Edesur, cuyos
accionistas muestran una distribución entre capitales extranjeros y locales y
un comportamiento que ameritaría –sobre todo con la fuerza de los votos–
revisar un proceso de estatización[7]
con control público para evitar que el Estado reproduzca los comportamientos de
los privados, se vio favorecida por la justicia, el gobierno local
(Berazategui) y el gobierno nacional, mediante el recurso a una fuerza de
seguridad de jurisdicción nacional como la Gendarmería, sin mencionar la
completa omisión por parte de los medios oficialistas. Mientras el gobierno se
dedicó a criticar públicamente a la empresa e incluso multarla por los
reiterados cortes de luz que generaron manifestaciones callejeras de toda
índole, la connivencia en el caso de Berazategui muestra otra racionalidad, más
bien ligada a intereses empresariales, a formas de gobierno territorial y a la
prioridad de los barrios privados por sobre la vida común que intenta seguir
siendo barrio.
Nuevamente, no se trata de una impugnación
estilo “troskista” al gobierno nacional o al conjunto social de apoyo, ni mucho
menos a sectores militantes que despliegan sus convicciones en el “territorio”.
El cuestionamiento al “sciolismo” que se viene anunciando desde ya largos años[8],
pasa por pensar cruces con otro tipo de territorialidades políticas que, en
algunos casos, alcanzan condensaciones entre macro y micropolítica (Pablo
Hupert), interfaces
relativamente eficaces, pero cuando las racionalidades chocan de frente sin
lograr inscribirse en la trama fallida de gestión de lo no representable,
reaparece cierto primitivismo del capital. Berazategui muestra hasta qué
punto el corporativismo empresa-Estado-gobernabilidad local se manifiesta
cuando una instancia de contrapoder concreto es aislada y desarticulada, en
este caso, mediante la aplicación de una amplia gama de estrategias represivas,
disuasivas y de desgaste subjetivo. La Asamblea volvió a poner a la luz la
pregunta por el mando (quién manda, cuándo y dónde), y la respuesta se dio en
ese plano, a la antigua, pero con ribetes de posnacionalidad.
...
Por otra parte, las militancias locales,
demasiado atentas a la “causa nacional” y, sobre todo, a no contradecir a los
jefes políticos ni a manchar sus alianzas, fueron funcionales a la embestida corporativista.
Del mismo modo, algunos medios de comunicación con intereses cercanos a los de
la empresa, en el terreno de las finanzas, ni siquiera intentaron usar
políticamente el conflicto. Los asambleístas no se sienten fracasados, aunque
el fracaso los marcara desde un comienzo; entienden que haber retrasado durante
más de seis años la instalación de la subestación y haber resistido todo tipo
de ataques –más allá, claro, del desgaste inevitable y la pérdida de
integrantes y aliados en el camino–, no solo salvó vidas de los efectos
mortales de los campos CEM, sino que politizó las vidas de muchos de ellos, en
tanto, una situación concreta, eterno instante, pone en juego la vida entera.
¿Qué significan “micro” o “macro” ante un acto singular que se rompe vida?
[2] El texto completo en que
se detalla cada punto mencionado como medida o política oficial desde 2012
hasta la fecha se titula “Un giro del 54%” y es de próxima publicación.
[3] Ver: Grupo Doce. Del fragmento a la situación. Buenos
Aires: edición propia, 2001; y Lewkowicz. I. Pensar sin Estado. Buenos Aires: Paidós, 2004.
[8] Recordemos, a nivel de
las cuestiones electorales, que el nombre de Scioli empezó a sonar fuerte
cuando, antes del fallecimiento de Kirchner, se discutía quién oficiaría como
candidato del Frente Para la Victoria para suceder a Cristina Fernández. http://www.lapoliticaonline.com/nota/44270/; http://pasado.eldia.com/edis/20101012/20101012103411.htm